EL PROXIMO PACTO MACRI-K
Todo indica que Mauricio Macri aprovechará la campaña de moda del
kirchnerismo pro “democratización de la Justicia” para hacer su propia reforma
judicial en la Ciudad. Comparte con Cristina la crítica que en Argentina “un
vaso de agua y un amparo no se le niega a nadie”, y que es necesario terminar
“con la Justicia cautelar” que suele frenar proyectos impulsados por los
respectivos oficialismos.
Gils Carbó, la jefa de “justicia legítima”, no puede
más que suscribir las palabras de los dirigentes de PRO, que hasta critican
ahora los sueldos altos de los jueces.
Sólo queda por ver si en medio de la
campaña electoral, donde unos y otros se han elegido como adversarios para
polarizar la contienda, se animan a pactar votaciones conjuntas que le den
letra a los opositores de ambos.
Contra las cautelares
El rechazo de las “cautelares” une a Cristina y Macri.
La primera
protesta porque impidió, al menos por el momento, la aplicación de los
artículos de la ley de medios rechazados por Clarín. En el caso de Macri el
listado es amplio.
El último hecho fue la suspensión del aumento del subte a
raíz de la aceptación de una cautelar por un juez de la Ciudad.
Pero hay otras
cautelares que han frenado medidas macristas que afectan derechos populares: la
creación de las Unidades de Atención Ciudadanas (UAC), que usurpan las
funciones de las Juntas Comunales; la suspensión de la licitación de las playas
de estacionamiento subterráneo en la 9 de Julio y en Parque Las Heras; la
construcción de la estación Recoleta de la línea H debajo de la plaza Francia,
o la edificación de una comisaría de la Metropolitana en el Parque Sarmiento.
Frente a esta situación, la reforma judicial que persigue el macrismo
quiere limitar el alcance de las medidas cautelares.
Para ello quieren
establecer que, una vez presentado un amparo, el juez le dé traslado al
Ejecutivo para que responda en 48 horas antes de tomar cualquier medida
suspensiva.
Más grave aún es la creación de la figura de una “contracautelar”:
quien presente un amparo deberá responder con un bien material si la Justicia no
encuentra razonable la presentación.
En la misma línea, se les impedirá a los
legisladores de la oposición presentar amparos (como diría Cristina: que ganen
las elecciones). Por último, se prohibirán amparos que de acuerdo con el
criterio del gobierno “afecten el interés público”.
Para el macrismo, ello
ocurriría cuando por la suspensión de una obra se incrementa su costo.
Un nuevo pacto Macri-K
El interés del kirchnerismo por avalar esta movida del macrismo no sólo
está dado por el apoyo que supone a su campaña nacional contra los jueces
opositores.
En el ámbito de la Ciudad, además, es la propia agenda del acuerdo
Macri-K lo que está en cuestión. Un ejemplo es el tema del subte: la suspensión
del aumento de la tarifa a 3,50 pesos coloca en crisis la trasferencia, ya que
se daba por hecho que ésta venía atada a un incremento de tarifas para
reemplazar la quita de subsidios nacionales. Lo mismo ocurre con proyectos
inmobiliarios donde el kirchnerismo tiene fuertes intereses.
Si la Justicia
rechaza el proyecto mega-inmobiliario impulsado por Macri en las tierras de la
ex Ciudad Deportiva de Boca, es claro que corre un riesgo similar el negociado
anunciado por Cristina en la Isla de Marchi, que es rechazado por vecinos,
sindicatos y asociaciones defensoras del espacio público.
La supuesta “democratización de la Justicia” pregonada por el kirchnerismo es tan reaccionaria que ha terminado dándole letra, nada menos, que a los Macri.
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